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Las instituciones públicas ecuatorianas incurren en violaciones a derechos fundamentales y omiten procedimientos contractuales al recibir bienes y servicios sin contrato previo. Esto genera dificultades para comprobar obligaciones a través de convenios de pago y contradice pronunciamientos de la Procuraduría General del Estado. Adicionalmente, hace falta una normativa clara para regular contrataciones en situaciones de urgencia.
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